La clara y bien fundada oposición de los obispos a considerar las uniones civiles entre homosexuales como verdadero matrimonio ha causado no poco enojo entre aquellos políticos que no han dejado de exhortar a los obispos a respetar al Parlamento y renunciar a influir o coaccionar a los católicos. Reacción muy poco consistente, que deja ver el temor real ante el influjo social que pueda tener la opinión de los obispos sobre ciudadanos y diputados. ¿Son acaso pocos los logros obtenidos por un programa de sistemática agresión a la religión católica, sostenido con tenacidad en las últimas décadas por algunos medios de comunicación y la complicidad de ciertos sectores políticos? La verdad es que la reacción de algunos no pasa de ser una nueva descalificación de la Iglesia Católica con irritación que no se detiene en el exabrupto y el insulto. No faltan entre los enojados quienes consideran que la opinión de los obispos es antidemocrática.

Por lo que se refiere a los afectados por la opinión de los obispos, los hay que han pasado al ataque dispuestos a querellarse contra ellos por no compartir su visión de las cosas, amparados por la coyuntura política y la falta de criterio moral que padece la sociedad actual. Hoy se vive bajo la dictadura del pensamiento político correcto sin reconocimiento alguno para el discrepante. Nunca las minorías sociales han conseguido tanto poder en la determinación política de la ordenación de la sociedad.

Ante la situación de tensión creada entre el poder político y la Iglesia, cabe preguntar con la mejor voluntad de entendimiento si están bien informados quienes tanto se enojan ante la libre expresión . Veamos. En el reciente comunicado del Comité ejecutivo del Episcopado, se reconoce explícitamente que “sólo la autoridad legítima tiene la potestad de establecer las normas para la regulación de la vida social” (n. 5). ¿A qué entonces llamar a los obispos al respeto del Parlamento? ¿Qué intereses hay detrás de la manida reiteración de que la Iglesia no se encuentra a gusto en la democracia? A primera vista y ante la historia de la transición española, imposible sin la explícita colaboración de la Iglesia en la forma en que se hizo, y de la leal colaboración de los católicos con los gobiernos democráticos desde 1978, cabe pensar que quienes reiteran esa supuesta incomodidad de la Iglesia manifiestan un positivo interés en su descalificación, con el propósito de minar su crédito social desfigurando su imagen pública.

La agresión contra la Iglesia es un fenómeno difuso y persistente en España, pero también extendido en la Unión Europea. ¿Qué fuerzas ocultas alimentan esta agresión? No voy a apelar a la teoría fácil de la conspiración al describir un fenómeno que califico de difuso. Propongo considerarlo mejor como fruto de la voluntad mantenida de eliminar el obstáculo que, para el asentamiento del laicismo como ideología que aspira a inundarlo todo, representan las Iglesias cristianas y particularmente el catolicismo. Europa se ve así ante el reto de afrontar la mayor crisis de su propia identidad.

El laicismo es hoy una ideología, para decirlo en términos religiosos, “confesante”, cuya mejor baza es la de jugar a la neutralidad del Estado, impulsando y alimentando mediante los “lobbies mediáticos” un modo de actuación de las administraciones públicas beligerantemente anticristiano. El pretexto es la lesa ofensa pública a las minorías religiosas o laicas que representa la cultura ambiente de las mayorías cristianas. Se facilita de este modo la aparición pública de dichas minorías, sin renunciar a servirse para lograrlo de los recursos económicos que generan las mayorías; aun cuando las minorías promocionadas desde el poder político no sean socialmente significativas, o incluso sean portadoras de programas sociales, culturales y religiosos que, de llevarse a cabo, resultarían destructivos para los intereses de las mayorías y, en algunos casos, destructivos de una convivencia basada en el respeto a los derechos humanos y ofensivos para los sentimientos generales de la sociedad.

En todo ello opera el “dogma laico” con cuya defensa se siembra el descrédito de cualesquiera otras opiniones que le sean contrarias: que el pluralismo y la multiculturalidad son mucho más beneficiosos que la homogeneidad cultural y religiosa de las sociedades. Poco importa que la realidad evidencie históricamente lo contrario y la crueldad de las últimas guerras europeas resulte obvia negación de ese dogma. Por toda reacción argumentativa, se apela al rechazo democrático de la confesionalidad, que hoy nadie propone, de la historia de España en nuestro caso y se da por desarticulado al adversario.

Entiéndase bien cuanto aquí digo. Parto de que una sociedad democrática tiene que respetar a las minorías y hacer valer los derechos personales y sociales que las deben amparar. Lo que quiero dejar claro, más allá de este supuesto obvio para nuestro tiempo, es que eso no puede suceder mediante la injusta agresión a las mayorías. Ninguna minoría religiosa ni tampoco sector alguno beligerantemente laicista tiene la misma legitimidad social e histórica que la mayoría católica de la sociedad española todavía. ¿Corresponde al poder político acelerar la descomposición social y cultural del catolicismo? Si así lo entiende un sector importante de la clase política española y no repara en medios para lograrlo, su proceder es anacrónico y antidemocrático. Una actitud política tal se debería dar por fenecida con el jacobinismo; y si no así, debería desecharse por peligrosamente agresiva contra sentimientos muy enraizados en el sentir profundo de los españoles.

+ Adolfo González Montes
Obispo de Almería