Cuando la Constitución española de 1978, con voluntad de conciliación entre los españoles, declara que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” (art. 16,3), recoge la realidad de España al mencionar a la Iglesia Católica, cuya relevancia histórica y social no es compartida ni de lejos por las demás confesiones. Una realidad que sigue siendo contundente, a pesar de la hinchazón circunstancial de la discrepancia por los poderes públicos. Sacar a la Iglesia Católica de la Constitución sería una manifiesta injusticia contra la realidad social del país.

El laicismo como ideología se funda, además, en el relativismo como visión del mundo; otro de los dogmas hoy más pregonados, que ahoga cualquier propuesta de declaración de la verdad como posible a la inteligencia humana, oponiéndose también a que ésta sea capaz de recibirla de la revelación de Dios. Se trata de una forma perversa de aniquilar el diálogo entre los seres humanos. No hay peor quiebra del talante democrático que la soberbia del relativismo como actitud gnoseológica, por su incapacidad para aceptar con agradecimiento humilde la evidencia o revelación de la verdad.

Los obispos, basándose en la capacidad de la razón para discernir el único matrimonio posible, hablan de él no sólo remitiéndose al plan de Dios, sino también a la inteligencia. Defienden el matrimonio entre hombre y mujer como realidad humana que pertenece a lo que entendemos por común o conforme con la “naturaleza” del ser humano, aportando argumentos de carácter antropológico, social y jurídico para oponerse a la asimilación de la unión civil entre homosexuales al matrimonio entre personas de distinto género.

Lo que llama la atención es la falta de diálogo y respuesta razonada a los argumentos episcopales. ¿Qué legitimidad tiene entonces la apelación ideológica al diálogo? ¿Basta decir que estamos ante una “demanda de un sector social” y que es democrático satisfacerla? No está en poder del Estado ni de la Administración pública asimilar las mencionadas uniones civiles al matrimonio sin atentar gravemente contra éste, entendido como tal en todas las culturas, incluso con deformaciones tan graves como la poligamia.

Igualar estas uniones al matrimonio es, pues, un acto de injusticia y vicia el orden legal al equiparar realidades que son desiguales por naturaleza. Algo así no se puede hacer sin perturbar seriamente la conciencia moral de la sociedad y su ordenación jurídica. Pero es que, además, de esta equiparación se siguen males reales para la familia y la sociedad. No hay derechos personales ni institucionales que amparen esta equiparación; y no hay derechos que puedan esgrimir los protagonistas de estas uniones para soslayar los derechos inalienables de los niños que se les quiere dar en adopción.

Esta doctrina moral se funda no sólo en la revelación bíblica y evangélica, sino también en la llamada “razón natural”; y fue expuesta por la Conferencia Episcopal en documentos recientes, igualmente descalificados y agredidos, pero largamente reflexionados por los obispos, asesorados por expertos y con conocimiento de causa de lo que hablan; al menos tanto como las comisiones parlamentarias. ¿No deberían los diputados ser más respetuosos con la opinión no sólo de algunos ciudadanos sino de todos, del conjunto de la sociedad y de las instituciones que la historia ha acreditado sobradamente como humanizadoras? Por mucho cieno que se arroje sobre ella, es difícil igualar la aportación de la Iglesia a la historia de la humanidad.

¿Es democrático impedir que la voz de la Iglesia sea oída por los católicos y los ciudadanos de buena voluntad? ¿Faltan al respeto al Parlamento los obispos cuando demandan de los diputados católicos secundar la moral evangélica bajo riesgo de grave ruptura de la comunión eclesial? Es una insidia amenazarles con retirar la subvención económica a la Iglesia, sobre todo cuando no todas las subvenciones pasan por la cruz de la declaración de Hacienda. El Evangelio de Cristo no está en almoneda.

Los católicos laicos tienen el deber en conciencia de hacer valer las propuestas de su propia fe como óptimas para la sociedad. Y han de apoyar aquellas que resulten ser moralmente menos contrarias a la moral evangélica, cuando les sea imposible sacar adelante con éxito las primeras. Así lo recordaba recientemente la Congregación romana para la Doctrina de la Fe en una “Nota doctrinal” que obliga moralmente en conciencia a los diputados católicos.

Quizá haya que decirle a algunos seglares católicos que no son buenos católicos sólo por acceder al presbiterio de su parroquia a leer las lecturas bíblicas en Misa, sino principalmente, de acuerdo con el cometido del laicado cristiano, por defender la fe en la plaza pública. Justo ahora, cuando el empeño de algunos sectores culturales y del poder político en llevar la fe a la sacristía es estrategia demasiado clara, para someter a la máquina electoral de las ofertas políticas la conciencia de los creyentes que han hecho de la política vocación y no simple modo de vida.

+ Adolfo González Montes
Obispo de Alme